En el BOE del 21 de febrero de 2023 se ha publicado la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
La principal novedad es que se establece la obligación para empresas con 50 o más personas trabajadoras, de implantar un sistema de información, a la vez que se garantiza la protección de los informantes. Durante dos años, el informante estará protegido frente a las medidas que pudieran adoptarse como represalia por la información revelada.
Las empresas tienen por delante unos meses para adoptar nuevos sistemas de información y coordinar estos canales con otros protocolos, códigos y políticas internas que puedan tener.
La finalidad de la norma es la de proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional, detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.
El plazo para ello es de 3 meses desde la fecha de entrada en vigor de la Ley para las empresas con más de 249 personas trabajadoras en plantilla y hasta el 1 de diciembre de 2023 para las empresas con una plantilla de entre 50 y 249 personas trabajadoras.
No existe un único canal de información, sino que las comunicaciones o informaciones de las infracciones o irregularidades se podrán canalizar a través de:
- El canal interno de la empresa.
- El canal externo o Autoridad Independiente de Protección al Informante (AAI).
- Revelación pública en plataformas web, redes sociales, medios de comunicación, etc. cuando los cauces internos o externo no hayan funcionado, exista una amenaza inminente para el interés público, o exista riesgo de represalias o de no tratamiento efectivo.
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